Chile muestra un ejemplo de qué significa “baja calidad legislativa”: el control preventivo de identidad

Foto: Boris Rasin

 



Actualmente el parlamento chileno parece estar trabajando para mostrar lo que significa legislar con baja calidad legislativa. El miércoles 18 de mayo de 2016, el Senado chileno aprobó lo que se conoce como la “Ley de Agenda Corta Antidelicuencia”.

Una de las aristas más controversiales de este cambio legal, es que se incrementan significativamente las facultades policiales para controlar la identidad de las personas.

La delincuencia: Temor y preocupación ciudadana

En una de las más recientes encuestas sobre el tema (Adimark-Paz Ciudadana, Encuesta sobre Delincuencia y Opinión Pública, Abril, 2016), se muestra que durante el período 2005-2015, un promedio de 56% de la población  percibe que la delincuencia en su comuna aumentó en el último año, y 60% de los entrevistados la perciben como más violenta.

Por otra parte, en la Encuesta  Adimark que mensualmente evalúa cómo es percibida la gestión del gobierno chileno, correspondiente a Abril de 2016, la delincuencia es el tema peor evaluado de la gestión del gobierno de la presidenta Bachelet: 8% de aprobación contra 90% de desaprobación.

(Para tener una idea de lo que significa esta evaluación, piénsese que en una coyuntura de desaceleración económica, temas como “empleo” y “economía” tienen una aprobación promedio (y similar entre sí) de 28% y una desaprobación de 66%)

El sistema en crisis de gestión: Una abrupta caída en la aprobación popular de las instituciones políticas

Todo el gabinete de gobierno ha visto caer su aprobación, desde un nivel del 58%, en enero de 2015, a un promedio relativamente estable de 47%, en las observaciones de los meses entre abril de 2015 y abril de 2016.

Las dos principales coaliciones políticas del Chile, la gobernante Nueva Mayoría (centro-izquierda) y la coalición opositora Chile Vamos (centro-derecha), tienen bajos niveles de aprobación y alta desaprobación.

La coalición gubernamental registró, en abril de 2016, una aprobación de 23%, lo cual representa una caída sostenida desde el 52% alcanzado en marzo de 2014. Como correlato de esto, su desaprobación ha aumentado desde un 34% en marzo 2014 hasta el 65% en abril 2016. La coalición opositora, aunque cambió de nombre (y, pretendidamente, de “marca”) mantiene un nivel de aprobación de 19% versus una desaprobación de 68%.

Algo similar ocurre con la evaluación de la labor de los diputados y senadores del Congreso de Chile. En ambos casos, la aprobación ha caído en los dos años entre marzo de 2014 (cuando registró alrededor de 40%) y abril de 2016 (cuando la aprobación fue 16% en promedio). La desaprobación del parlamento aumentó en el período mencionado desde 47% hasta 78%.

Una respuesta inadecuada para un claro problema

La aprobación de la ley corta antidelincuencia, en general, y la ampliación de las facultades policiales para restringir las libertades individuales, en particular, parecen entonces ser más bien vehículos políticos que los actores clave utilizan para instalar públicamente el mensaje de que se está atendiendo esta grave preocupación ciudadana.

EL problema es que, como indican algunos voceros desde la academia, organismos multilaterales y organizaciones de vigilancia en derechos humanos, el incremento de las facultades policiales implica unos costos sociales específicos y altos para determinados sectores, sin que haya evidencia de que sean efectivos para la reducción de los delitos y la desarticulación de la delincuencia organizada. 

Harald Beyer, exministro de educación de Chile, y actual director del prestigioso Centro de Estudios Públicos (CEP), fue muy elocuente en una carta publicada el lunes 23 de mayo de 2016,  en uno de los principales diarios del país austral:[1]

“Como la delincuencia es un preocupación prioritaria para la población, la legislación que aspira a controlarla suele ser un puente habitualmente utilizado para producir ese encuentro.

Frente a esta aspiración quedan, a veces, en un segundo plano la efectividad y la conveniencia de las medidas que se promueven. La agenda corta que se acaba de aprobar es un reflejo de esta actitud. Así, por ejemplo, no importa que el control preventivo de identidad , a juzgar por experiencias similares en otros países,  sea completamente inefectivo como medida para frenar la delincuencia y, en cambio, sea una fuente documentada de discriminación.(…)

El paso del tiempo dejará en evidencia que se ha legislado mal y se ha cometido un error de proporciones.”

En un documentado estudio sobre este cambio legislativo, realizado por Mauricio Duce, profesor de la Universidad Diego Portales, y publicado en la Revista Estudios Públicos (Abril, 2016), se detallan varias aristas clave del problema de esta Ley.[2]

“…(E)l principal problema sigue siendo el entregar a las policías una facultad extremadamente abierta sin sujeción a límites o reglas que obliguen a justificar su decisión de controlar la identidad.”

Las policías, en general, y Carabineros de Chile, en particular, son cada día más evaluados en función de estadísticas de la labor policial. Y leyes, como la recién aprobada, pueden alterar los incentivos sobre dónde y cómo utilizar los escasos recursos policiales.

Como Señala Mauricio Duce:

Descansar en el control de identidad preventivo permite a las policías “subsistir” a través del desarrollo de estrategias de muy baja calidad, sin ninguna sofisticación, como, por ejemplo, salir a “pescar” vía controles masivos o “rastrillos”.”

Ese tipo de actividad sin lugar va a generar estadística policial. Si se organizan operativos masivos de control de identidad preventivos lo más probable es que se encuentren cosas, por ejemplo, personas que porten pequeñas cantidades de droga (para su venta o consumo personal). Esos casos darán un número que podrá ser invocado por las policías como un indicador de éxito. Con todo, la pregunta es si esa estadística reflejará un trabajo policial realmente focalizado en los problemas delictuales más relevantes.” (Resaltado nuestro)

Justicia procedimental, resentimiento y legitimidad del sistema político

Uno de los costos sociales relevantes de los enfoques legislativos basados en menores limitaciones a la facultad policial para el control de identidad, está representado por el sesgo de discriminación etaria, de clase y racial que hay en estos.

La investigadora Paz Irarrázabal expone muy bien este problema, en un artículo publicado en la Revista Política Criminal (Julio, 2015):[3]

“En esta última parte concluiré con una reflexión acerca de las consecuencias que para la justicia social en el espacio público puede implicar la existencia del control de identidad en el contexto chileno. Algunos factores que constituyen este contexto en que se ejerce el control policial son los siguientes: (1) una aún débil democracia que implica insuficientes controles institucionales y desde la sociedad civil en la protección de derechos; (2) preponderancia de un determinado discurso de “ley y orden”, que fuera señalado más arriba; (3) desigualdad socioeconómica que se expresa en el espacio urbano en una marcada segregación y privatización de los espacios y (4) aumento de la diversidad en las ciudades. Una causa importante de dicha diversidad ha sido el sostenido arribo de migrantes rurales e inmigrantes principalmente de nuestros países vecinos. En este contexto la posibilidad de un desproporcionado impacto de la facultad policial en ciertos grupos desaventajados, como queda en evidencia en el caso inglés, debe ser objeto de especial preocupación.”

Tenemos un incremento en ciertas prerrogativas policiales que parecieran ser poco efectivas en la reducción relevante del delito, pero inequitativas en la distribución de sus costos sociales.

En este punto quiero introducir una hipótesis que el mundo político debería considerar: Las crisis de legitimidad de los sistemas políticos suelen estar vinculadas con resentimientos sociales concentrados en algunos segmentos importantes del mercado electoral, y con la instalación de la idea de que el sistema político tiene severas fallas de justicia procedimental y de igualdad de oportunidades.

Recordemos que la valoración de la justicia procedimental implica que nos preocupa no sólo el resultado sino el proceso, o procedimiento, por el cual se pretende alcanzar un resultado. Esta medida implica una falla de justicia procedimental, con un importante sesgo clasista, etario y racial.

La acumulación de elementos de resentimiento y de percepción de injusticia procedimental suele ser un terreno fértil para el éxito electoral de políticos populistas, que acuden a las bajas pasiones que enemistan a segmentos de la población con el sistema político imperante.

En los últimos tiempos la humanidad ha sido testigo del poder de estos populistas en captar el favor político de los excluidos. Hugo Chávez en Venezuela, el partido Podemos en España y, en el otro extremo ideológico, Donald Trump en los Estados Unidos, son síntomas de que el resentimiento puede ser capitalizado políticamente, y con efectos negativos trascendentes.

Ojalá los políticos chilenos no estén abonando ese camino. 



Notas:

[1]. El Mercurio, Lunes 23 de Mayo de 2016, Página 2.

[2]. Duce, Mauricio, “Legislando en la oscuridad. El caso del control de identidad preventivo y su debate en la Cámara de Diputados”, Revista Estudios Públicos, CEP, Nº 141, verano 2016. Disponible en: http://www.cepchile.cl/Estudios-Publicos_CEP_PDF/revista_Estudios-Publicos_141.pdf (Consultado el 26 de mayo de 2016)

[3]. Irarrázabal, Paz, “Igualdad en las calles en Chile: el caso del control de identidad”, Revista Política Criminal, Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015). Disponible en: http://www.politicacriminal.cl/Vol_10/n_19/Vol10N19A8.pdf (Consultado el 25 de mayo de 2016).

 

Facebook Comments
Comparte y/o like esta entrada:

Be the first to comment on "Chile muestra un ejemplo de qué significa “baja calidad legislativa”: el control preventivo de identidad"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


A %d blogueros les gusta esto: