¿Cuánto cuesta una transición política?

Foto: Beatrice Murch

Ahora es febrero y la ciudad que habito está relativamente desierta. Febrero, acá, es como el agosto de mis recuerdos de un tiempo que me parece muy lejano. Hoy me desperté, tomé unos cuatrocientos mililitros de agua, y me preparé un yogur descremado con duraznos, salvado de avena, granola y almendras (puede agregar un toque de miel, si lo desea). Un rato después estaba caminando sobre la cinta de una máquina, a siete punto tres kilómetros por hora.
No es que me gusten mucho estas máquinas ni que haya perdido el gusto por caminar a cielo abierto, pero esta modalidad me permite caminar mientras leo, en una pantalla con una letra inmensa, el libro que a estas horas me tiene atrapado. Se titula Galveston, y su autor es un tipo llamado Nic Pizzolatto. Quizás usted lo conozca; él es el guionista de la serie de televisión True detective. Aunque deteste la televisión, es recomendable ver la primera temporada de esta serie. Es magistral. Si la televisión no es una opción entonces no vea la fulana serie, pero siempre procure leer Galveston. Ambas son sórdidas y sublimes, como la actual Venezuela, entre las noticias y nuestros recuerdos.

Ya sé que resulta decadente todo este cuento del agua, el yogur y el ejercicio. Pero como dice mi admirado anciano profesor de la escuela de medicina: “Solo una vida sana puede permitirte fumar marihuana de vez en cuando con tus amigos en la playa, a los setenta y ocho años de edad, mientras escuchas aquella vieja canción llamada Simpatía por el Diablo.” (…) A estas alturas usted sabe que esta introducción es un burdo intento de engancharle, de sacarle por unos instantes de su cotidiana desesperación para captar su atención; así que dejemos la literatura para otro día y vayamos al tema que nos interesa hoy.

Imagínese que la realidad de mañana, eso que llamamos futuro, está compuesta por diversos posibles escenarios. Así, mañana podemos tener: a) Un caos similar al actual, pero un poco más estridente y bajo el mismo gobierno; b) una guerra a muerte con objetivos políticos concretos que engrosan unas estadísticas mucho más espeluznantes que las que observamos hoy; c) una renuncia presidencial que conduce a la convocatoria de elecciones anticipadas; d) una convocatoria a un referéndum revocatorio, cuyo resultado podría también conducir a unas elecciones anticipadas; e) una renuncia presidencial forzada que lleva a la sustitución del presidente por otro miembro de su propio partido; y así, cualquier otra situación que usted pueda imaginar.

La ruta entre el presente y cualquiera de las opciones (c) o (d), es lo que llamaremos “una transición política ordenada”: una serie de reglas para pasar de una situación política a otra. Obviamente, estas reglas pueden ser más o menos dictatoriales o más o menos negociadas. Dictatorial significa que los que tienen las armas deciden lo que ocurrirá mañana, mientras que la negociación implica un acuerdo en el que los actores relevantes deciden unos mecanismos, con los que perciben que algo ganan aunque algo pierdan.
Imagínese ahora que despertamos un día en que se anuncian los términos de una transición negociada. La idea de estas líneas es explorar algunos de los elementos que debemos tomar en cuenta cuando pensemos en los costos de una transición política ordenada. No pretendo ser exhaustivo, por lo tanto solo me referiré a aquello que ahora me resulta más importante.

El primer punto a tomar en cuenta (aunque resulte obvio) es que toda transición negociada implica sacrificios. Y que, para soportar mejor estos sacrificios, es preciso distinguir entre el alcance de nuestros ideales absolutos y la posibilidad real de tener mañana una situación cualitativamente mejor que la de hoy. Esto sin duda es éticamente complicado pero es ineludible, sobremanera cuando el poder de fuego lo tienen quienes deben aceptar desprenderse de ciertos poderes, o limitarlos en el tiempo, por ejemplo llamando a unas elecciones anticipadas.

Un primer aspecto de los costos de una transición política surge alrededor de la negociación de lo que se denomina la “justicia transicional”. Cuando una o más partes perciben que se han cometido abusos contra los derechos humanos, actos de corrupción o delitos de narcotráfico a la sombra de algún poder, entonces deben acordarse unos mecanismos para la investigación, procesamiento y eventual reparación de los daños causados. Como señalan quienes han estudiado estas cosas, en esta negociación suele haber un intercambio entre justicia y paz. La justicia es necesaria para otorgar confianza y credibilidad a la transición, y para generar incentivos virtuosos en el futuro, pero si la justicia amenaza demasiado a los que tienen las armas, entonces el costo de la guerra puede abaratarse para ellos.

Las experiencias de Chile o Sudáfrica muestran que límites dolorosos, y moralmente recriminables, a la justicia pueden ser parte del precio de la transición. Este es un costo que hay que prever. En Sudáfrica, bajo la luz amable de Mandela, se perdonaron crímenes atroces. En Chile, con la esperanza de ir quitando poder a los militares y de dejar atrás a diecisiete años de ignominia, se ha castigado a un número de ejecutores aunque muchos de los autores intelectuales han sobrevivido bajo un manto de secreto e impunidad.

Otra área de costos a tener en cuenta es la reacción de grupos o facciones que no se sientan representadas por los términos de la transición, y que posean poder de fuego o capacidad para la ejecución de actos de fuerza. Este es un peligro inminente en toda transición, que se acentúa en regímenes que han sacrificado el monopolio de la violencia ante grupos políticos con rasgos paramilitares. En Chile, por ejemplo, trece meses después de iniciarse el primer gobierno democrático posterior a la dictadura, fue asesinado el senador Jaime Guzmán quien había sido un colaborador clave de Pinochet. Un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se adjudicó la autoría de este atentado.

La tercera esfera de costos comprende a los costos financieros directos, que de una u otra forma salen de los bolsillos de los contribuyentes. Lo más evidente son las rentas que habría que entregarles a los militares, cuando estos tienen mucho que perder. En Chile, desde 1958 existe una ley que destina el 10% de los ingresos de Codelco, la productora de cobre estatal, a las fuerzas armadas para compras militares. El pequeño detalle es que los detalles de la ley son secretos y el presupuesto resultante está fuera del control parlamentario o de alguna otra esfera de control civil. En la transición desde la dictadura de Pinochet a la democracia, en 1990, uno de los elementos claves de la negociación fue la garantía de que esta ley, conocida como la Ley Reservada del Cobre, no sería tocada. Piense en la recién creada Camimpeg, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, con la que el gobierno venezolano aumentó la participación de las fuerzas armadas en la renta petrolera y pudiera encontrar algunos paralelismos con el caso chileno.

Estas son, apenas, tres de las aristas de los costos de una transición que deben ser tomadas en cuenta. Después de 17 años de monopolio chavista del poder, con todas las implicaciones que esto ha tenido para muchos, es natural que existan profundos resentimientos a ambos lados del tablero político. Si ocurriese una transición negociada, estos elementos emergerán de una u otra forma, y habrá que estar preparados para unas negociaciones en las cuales suele prevalecer el juego político por sobre el absolutismo de los principios. En este abismo que a veces es la vida, los valores son nuestro más preciado soporte y nuestra mejor herencia. Pero, desde Sun Tzu hasta la teoría de juegos moderna, enseñan que la ventaja de dejar al enemigo una vía de escape es que esto reduce su determinación de luchar.

Escrito para y publicado inicialmente en elestimulo.com

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