De cómo la derecha le allana el terreno al populismo en América Latina

Foto: Gamuzona Con Valium

El florecimiento de una América Latina próspera, sustentable y justa depende, en primera instancia, de la construcción de instituciones políticas virtuosas. Pero es preciso comprender que la germinación de instituciones políticas virtuosas depende, a su vez, de la apertura de un espacio en donde la derecha y la izquierda, liberales y conservadores, puedan alcanzar un mínimo acuerdo alrededor de los problemas, los diagnósticos y las políticas públicas adecuadas para un salto cualitativo. El problema es que esto último es amenazado por la miopía y los prejuicios que habitan en los extremos de nuestro espectro político. La tesis central de estas líneas es que de norte a sur, con ciertas variaciones, la derecha política latinoamericana se ha especializado en cultivar el surgimiento y el poder de una izquierda primitiva y populista.

América Latina es vibrante, impetuosa, colorida, desordenada y soñadora. Es mestiza, joven y mayormente cálida en el trato. Pero lleva siglos atrapada en una telaraña de instituciones mafiosas, de reglas y costumbres que destilan contrastes, riquezas súbitas, miserias y condenas por nacer en el lugar equivocado, en la familia equivocada, con el color equivocado. Tenemos promesas, logros y frecuentes retrocesos.

La fuente de estos retrocesos es la retroalimentación entre una derecha miope, conservadora y elitesca, y una izquierda primitiva y mafiosa: es esto lo que cercena las posibilidades de construir instituciones políticas y económicas que produzcan creatividad, innovación, justicia social y sustentabilidad.

Los casos de Venezuela y Cuba ilustran, con una impresionante nitidez, el atolladero más extremo al que conduce el dominio político de esa izquierda dogmática y primitiva. En otros países latinoamericanos hemos visto, con diferentes grados y bemoles, los estragos de unas instituciones emparentadas con ese populismo de izquierda. Pero acá quiero concentrarme en el análisis de la miopía de la derecha latinoamericana, y para ello quiero usar el caso de Chile, el más prematuro de nuestros intentos de saltar a la modernidad.

La derecha chilena es un abanico de partidos y movimientos que van desde los herederos políticos directos de la dictadura militar, con una fuerte convicción conservadora y claros lazos religiosos (e.g., con el Opus Dei), hasta algunos partidos de cuadros jóvenes con influencia liberal. El denominador común es una defensa de la libertad económica individual, de un Estado no interventor, del privilegio del mercado como mecanismo de asignación de recursos y de la preponderancia del valor de la libertad (entendida básicamente como libertad económica) por sobre el valor de la igualdad. Por ello, la derecha pone el énfasis de la discusión pública en la reducción de la pobreza mediante el crecimiento económico y le resta importancia a la desigualdad (la derecha ve con sospechas las políticas redistributivas).

En los temas morales, el pensamiento dominante de la derecha chilena converge en un conservadurismo atávico, que se erige sobre la imposición del dogma religioso como base de las instituciones políticas, y que se manifiesta en su ferviente oposición a la figura legal del divorcio (establecido legalmente en Chile en el año 2004, con la oposición de la mayoría de los parlamentarios de la derecha), en su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, al derecho de las mujeres a abortar bajo causales de peligro para la vida de la mujer, violación e inviabilidad fetal, y en su bloqueo a la legalización de la marihuana.

La crítica de la izquierda radical al capitalismo y su antagonismo con la derecha

En el debate histórico entre izquierda y derecha, un tema central de desacuerdo ha sido la visión de ambos extremos sobre la deseabilidad del capitalismo de mercado. Desde la izquierda, la animadversión hacia el capitalismo proviene de la idea de que cuando se producen los bienes y servicios, el valor clave de estos para la sociedad es producido por los trabajadores, y que el capitalista, por el hecho de ser dueño de los medios de producción, obtendría su ganancia de la “expropiación” de una parte importante del valor producido por los trabajadores. Este valor expropiado sería entonces la ganancia del capitalista, lo cual le permitiría reinvertir para así perpetuar un mecanismo de “apropiación indebida” del valor producido por el trabajo.

En adición a aquello, el argumento de la izquierda clásica añade la idea de que para los capitalistas sería muy fácil coordinarse para reducir la competencia y, en el extremo, para actuar como monopolios, con lo cual también estarían expropiando valor a los consumidores, en forma de precios supra-competitivos.

Digamos que estos dos argumentos son la base del pensamiento de la izquierda más primitiva: el capitalismo consistiría en una doble expropiación, a los trabajadores y a los consumidores, y la derecha habría organizado un cuerpo conceptual para justificar esta extracción de valor. En el discurso más contemporáneo, pudiésemos agregar al pensamiento de esta izquierda la idea de que el capitalismo también extraería valor de la naturaleza o del ambiente en forma de contaminación y destrucción de la naturaleza por parte de las empresas.

La búsqueda del centro y las respuestas institucionales

Buena parte de la historia política del siglo XX consistió en la búsqueda de respuestas institucionales a estos cuestionamientos. Desde ambos extremos del espectro político, las respuestas se han basado en desacreditar la viabilidad de su alternativa. En línea con esto, la extrema izquierda ha insistido en la búsqueda de un modelo económico diferente al capitalismo de mercado, en variantes que oscilan entre la completa planificación central (e.g., URSS, Corea del Norte, Cuba) y modelos mixtos en los cuales priva la fijación administrativa de los principales precios de la economía y nacionalizaciones masivas de empresas (e.g., Venezuela).

Sin embargo, desde la centro-izquierda y la centro-derecha hemos visto una búsqueda intelectual y pragmática orientada al diseño de instituciones regulatorias y de mecanismos de incentivos que permitan corregir o minimizar las fallas de los mercados y el descontento con los resultados de estos. Las agencias y reglas antimonopolio, la protección al consumidor, las agencias de protección ambiental, la legislación de protección de los trabajadores, un periodismo de investigación independiente, las regulaciones de los mercados de capitales y las calificadoras de riesgo, son solo algunos de los ejemplos de estos mecanismos institucionales.

En esta búsqueda de respuestas institucionales, las diferencias entre la izquierda y la derecha han sido, fundamentalmente, sobre los grados de intervención regulatoria y sobre cuán viable y efectivo resulta el uso de mecanismos de mercado para alcanzar objetivos públicos (concesiones, uso de vouchers en educación y salud, permisos de contaminación transables, etc.). Sin embargo, pese a todo el avance institucional en la creación de reglas y agencias que mitigan las fallas del mercado, hay una dimensión en que los problemas y desaveniencias subsisten.

Como señalan los profesores de la Universidad de Harvard, Rebecca Henderson y Karthik Ramanna, en una nota titulada “Los Gerentes y el Capitalismo de Mercado” (2012), aunque estas respuestas institucionales, y la misma competencia por capturar las oportunidades abiertas por las fallas de mercado, han ayudado a salvaguardar las virtudes del capitalismo de mercado (eficiencia, innovación, auge de la creatividad, satisfacción creciente de necesidades, reducción de la pobreza, etc.), aún subsiste un problema central de este modelo: la posición privilegiada de los gerentes y capitanes de empresa para manipular el proceso político y así obtener regalos regulatorios y legislaciones favorables.

Los gerentes y accionistas clave de las grandes empresas poseen el conocimiento, los recursos y las redes para “comprar” a políticos y legisladores y, así, obtener leyes y regulaciones “a su medida”. El lobby o cabildeo y el financiamiento electoral son muestras de los mecanismos a través de los cuales las empresas pueden capturar a los políticos.  Este es un área en la cual persiste una falla fundamental del sistema y es la base de un argumento para sus detractores.

¿Por qué decimos que la derecha chilena le allana el terreno a la izquierda populista?

El partido más grande de Chile es la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), el cual fue fundado por cuadros intelectuales clave del gobierno militar de Augusto Pinochet. Este es el partido que individualmente posee más senadores y diputados en el Congreso de Chile. Debido a su tamaño y al inmenso apoyo que tiene en las élites empresarial y religiosa del país austral, la UDI es también el partido dominante al interior de la coalición de derecha chilena (Chile Vamos).

Gracias a la acuciosidad del periodismo de investigación, desde comienzos de 2016 han comenzado a aflorar varios casos que involucran a importantes dirigentes y parlamentarios de la UDI en eventos singulares de financiamiento irregular de la política; financiamiento que estaría dirigido a incidir en la configuración de leyes específicas. Uno de estos casos se relaciona con la Ley General de Pesca y Acuicultura que el Congreso de Chile aprobó a finales de 2012.

Inicialmente se reveló que Corpesca, una de las principales empresas pesqueras chilenas que es propiedad del grupo Angelini (uno de los grupos económicos más grandes de Chile), había realizado pagos directos a diputados y senadores de la derecha que participaron en la redacción de esta Ley. En particular, el senador Jaime Orpis (UDI), quien tuvo un rol clave en la redacción de la nueva Ley de Pesca, habría recibido 264 millones de pesos chilenos (alrededor de 400 mil dólares) por parte de Corpesca, entre los años 2009 y 2013. El 14 de enero de 2016, la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó al senador Jaime Orpis por el caso Corpesca, al ser acogidos los cuatro delitos imputados por el Ministerio Público: cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al Fisco.

En diciembre de 2016, la UDI realizó sus más recientes elecciones internas para escoger a su nuevo presidente. Los principales candidatos eran la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (hija de un empresario vinculado a Pinochet y vinculada al Opus Dei) y el diputado Jaime Bellolio (un joven de inclinación relativamente liberal). La senadora Van Rysselberghe resultó ganadora en esta contienda con el 62% de los votos.

El 23 de enero de 2017, el portal de periodismo de investigación chileno CIPER publicó un reportaje en el que se muestra evidencia de que la senadora Van Rysselberghe incorporó al proyecto de la Ley de Pesca las instrucciones recibidas por email de parte de Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros de Chile (ASIPES). En este reportaje también se muestra que una de las empresas de esta asociación habría entregado dinero para la campaña electoral de la senadora, en las elecciones parlamentarias del año 2013.

El problema no es solo la incidencia empresarial en la configuración de una Ley, sino la respuesta institucional que ha privado en el principal partido de la derecha chilena. De manera recurrente, altos dirigentes de este partido han señalado que la justicia estaría actuando de manera sesgada contra varios de sus dirigentes, implicados en hechos similares al de la Ley de Pesca. En una carta fechada el 31 de enero de 2017, el senador de la UDI Víctor Pérez Varela respondió a las críticas a la senadora Van Rysselberghe con lo siguiente: “La senadora Van Rysselberghe presidía una comisión que examinaba un proyecto de la ley cuya apreciación exigía conocimientos especializados, ya que podía afectar la sustentabilidad del recurso pesquero. Esta preocupación era compartida por el abogado don Luis Felipe Moncada, su antiguo amigo y compañero de ideales en la promoción de una sociedad libre y justa, (…) quien es una persona seria, confiable y respetada.”

Conclusiones

Existe una diferencia clara entre ser pro-mercado (creer en la eficiencia de los mercados para asignar recursos y ayudar al incremento de la competencia al interior de estos) y ser pro-empresas (ayudar a determinadas empresas, a partir de nexos financieros, familiares o filiales con los dueños de estas, a tener una mejor posición competitiva o favorecerlos mediante la legislación). En la medida en que los factores dominantes en la derecha chilena se comporten y  vean como normal la conducta pro-empresas, entonces podemos decir que la derecha le está allanando el terreno al populismo de izquierda latinoamericano.

Si no se enfrentan de manera clara los riesgos y problemas vinculados con la posición privilegiada de gerentes y accionistas de las grandes empresas para manipular el sistema político, entonces se está dando la razón a quienes piensan que las virtudes asociadas con el capitalismo de mercado en realidad son una suerte de estafa, una mampara para esconder las colusiones y componendas que permitirían monopolizar las oportunidades económicas y políticas de la sociedad.


 

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