Lobby, Ley de Pesca chilena y función social del periodismo de investigación

Foto: Rafael Anderson Gonzales

A finales del año 2012, el Congreso de Chile aprobó la más reciente versión de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Uno de los aspectos más relevantes de esta modificación de la normativa que rige al sector pesquero, es la asignación de cuotas de pesca. Debido a que los peces son un recurso escaso, los países se enfrentan a la necesidad de regular la pesca, asignado cuotas de pesca a los actores relevantes del sector. Esto incluye tanto a las grandes empresas pesqueras como a los pequeños pescadores, que son referidos como “pescadores artesanales”.

En ausencia de un mecanismo de asignación de cuotas, o de capacidad institucional para garantizar el cumplimiento de estas, los países corren el riesgo de que su población de peces sea devastada.

Cuando existen muchas empresas pesqueras, si cada empresa pudiera pescar la cantidad que quisiera, entonces ocurriría un problema denominado “la tragedia de los comunes”: cada empresa percibe que su beneficio depende positivamente de la cantidad extraída, y depende negativamente de la cantidad pescada por las otras firmas. Por ello, una empresa que busque maximizar su beneficio se ve impelida a pescar la mayor cantidad de peces posible, ya que los peces que esta no extraiga serán pescados por alguna otra empresa.

El mejor escenario para una empresa es que las demás firmas limiten su pesca mientras ella pesca el máximo posible. Como todas las empresas enfrentan incentivos similares, entonces cada una termina pescando una cantidad mayor que lo que sería óptimo socialmente.

Para la sociedad, sin embargo, lo óptimo es extraer pescado a una tasa que permita satisfacer las necesidades presentes y futuras, lo cual implica permitir la reproducción de los peces moderando las tasas de pesca.


El problema de la “sobre-pesca”, que es generado por la competencia indiscriminada entre pescadores, es lo que en Teoría de Juegos se conoce como un “dilema del prisionero”:

Todos saben que lo socialmente óptimo es la cooperación (pescar a tasas que permitan la reproducción de los peces), pero nadie tiene incentivos para cooperar porque individualmente piensa que si él coopera, los demás pescadores se aprovecharán de su ingenuidad y pescarán más (para ganar más dinero).

Cuando todos se convencen de la preponderancia de este oportunismo, entonces nadie coopera y la sociedad termina “presa” del peor escenario imaginable. 

Para que usted visualice este problema, piense en lo que suele ocurrir cuando se daña un semáforo: la circulación colapsa porque todos los conductores desean cruzar la intersección a mismo tiempo.


Con el paso del tiempo, los países han encontrado que este problema se puede mitigar asignando cuotas de pesca de largo plazo (por ejemplo, de 20 años de duración), de manera que las empresas tengan incentivos a permitir la reproducción de los peces y, de esa forma, poder capturar beneficios en el corto plazo, pero también en el largo plazo. La certeza de que sus cuotas serán respetadas en el futuro, limita los incentivos de cada empresa para “sobre-pescar” en el presente.

Aunque esta solución ayuda a reducir el problema de la “sobre-pesca”, suele levantar controversia sobre los criterios usados para asignar las cuotas entre las diferentes empresas, y entre empresas grandes y pescadores artesanales.

Un criterio (llamémosle, A) favorece el uso de licitaciones y del sistema de precios para la asignación de cuotas (quien paga más escoge primero y recibe una mayor cuota). Mientras que el otro criterio (B) favorece una distribución que considere derechos históricos y criterios distributivos de equidad social.Cuando los parlamentarios aprueban estas leyes, en teoría tratan de balancear estos dos criterios.

Bajo estas ideas generales fue aprobada en Chile, en el año 2012, la última versión de la Ley General de Pesca y Acuicultura. En el caso chileno, los pequeños pescadores consideraron que esta legislación favorecería de manera desproporcionada a las grandes empresas.

El periodismo de investigación y la revelación de información oculta

En mayo de 2015, uno de los más importantes portales de periodismo de investigación de Chile, el Centro de Investigación Periodística (CIPER), publicó un reportaje que señalaba que la exdiputada, independiente de derecha, Marta Isasi (quien habría tenido un rol clave en la comisión que redactó la última versión de la Ley de Pesca), habría supuestamente recibido pagos para financiar su campaña por parte de Corpesca.

Esta última es una de las principales empresas de pesca de Chile, propiedad del grupo Angelini, quienes son a su vez los principales accionistas de Copec y de la Forestal Arauco, entre otras grandes empresas chilenas.

Según la investigación publicada por CIPER, la ex-diputada Isasi habría recibido al menos $25 millones durante la discusión de la Ley.[1]

Unos meses después, CIPER y otros medios publicaron otros reportajes en los que se señalaba que  el senador por la región de Tarapacá Jaime Orpis (del partido UDI -derecha), quien también tuvo un rol clave en la redacción de la nueva Ley de Pesca, habría recibido $264 millones por parte de Corpesca, entre los años 2009 y 2013.

De hecho, el 14 de enero de 2016, “la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó al senador Jaime Orpis por el caso Corpesca. Por 16 votos, el tribunal de alzada acogió los cuatro delitos imputados por el Ministerio Público representado por la fiscal Ximena Chong: cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al Fisco”[2].

En esta audiencia, la fiscal Chong indicó que “la Constitución obliga a los parlamentarios a abstenerse de votar cualquier asunto en el cual tenga interés directo (…) El senador recibe de Corpesca una serie de minutas y antecedentes que le establecen ciertas exigencias que debe cumplir en el ejercicio de su función y con su intervención en leyes pesqueras”.[3]

Más adelante la fiscal señalaría que el legislador por la región de Tarapacá derechamente “era un funcionario de la empresa Corpesca en el Senado”.[4]

En uno de los últimos capítulos de este caso, el martes 19 de enero de 2016 la mesa de la Cámara de Diputados chilena declaró admisible el proyecto de ley que busca anular la actual Ley de Pesca, acusando vicios de constitucionalidad en su tramitación legislativa.

De esta manera, la moción presentada por un grupo parlamentario sería revisada en su contenido de fondo por la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del parlamento chileno, siendo éste es el primer paso para eventualmente derogar la ley aprobada en 2012.

Según los proponentes de la derogación, esta Ley carecería de legitimidad, dados los pagos que habrían recibido los parlamentarios por parte de Corpesca, durante la tramitación de la misma.

Frente a esta iniciativa, algunos parlamentarios de la oposición han fijado posición: Tras la decisión de la Cámara de Diputados, legisladores de Renovación Nacional calificaron el actuar del presidente de la instancia como irresponsable y absurda. Porque a su juicio, esto podría sentar un precedente para que los diputados intenten anular las normas vigentes a diestra y siniestra. “(Se) cometió una aberración institucional y jurídica que no tiene registro en la historia del Parlamento en Chile”, sostuvo el diputado y miembro de la Comisión de Pesca de la Cámara, Gonzalo Fuenzalida (RN).”[5] En mayo de 2016, aún existe incertidumbre sobre cuál será el futuro de la Ley de Pesca chilena.

¿Qué conclusiones preliminares pueden extraerse de este caso?

Una de las aristas más complejas y problemáticas de este tipo de casos, es que sirven de base al cuestionamiento de la legitimidad del modelo económico conocido como el capitalismo de mercado.

Los mercados competitivos suelen generar resultados socialmente virtuosos: innovación en productos y servicios, variedad de formas de satisfacer las necesidades de las personas, crecimiento económico sustentado en lo que un economista clásico llamó la “destrucción creativa” y precios razonablemente bajos.

Debido a estas características, algunos países que tuvieron economías cerradas y controladas durante muchos años, han propiciado el florecimiento de mercados competitivos como una manera de elevar sus niveles de innovación, productividad y disponibilidad de productos a precios y calidades razonables.

Los críticos de este modelo suelen resaltar el hecho de que para que los mercados se aproximen a situaciones virtuosas, deben cumplirse una serie de supuestos “que rara vez se cumplen en la realidad”. Sin embargo, la experiencia muestra que los mercados son complementados con instituciones que corrigen muchas de las fallas que impiden su desempeño virtuoso.

Para propiciar la competencia se crean Agencias Antimonopolios o Tribunales de Defensa de la Competencia; para reducir las externalidades negativas se crean instituciones de protección ambiental o Agencias de control de alimentos y medicinas (como la FDA, en los EEUU); para reducir las fallas de información asimétrica, se crean las Agencias Calificadores de Riesgo; y así sucesivamente.

Sin embargo, uno de los aspectos más delicados de la actividad de los mercados es la relación entre política y negocios. Si las empresas pueden capturar a los políticos (por ejemplo, entregándoles dinero para sus campañas o pagos directos) entonces tenemos un problema severo de legitimidad del modelo. Las empresas que puedan pagar más lograrían leyes y regulaciones favorables, que les otorgarían una ventaja sobre sus competidores.

Una respuesta institucional a este problema es la regulación del Lobby y el financiamiento de la política mediante nuevas leyes. El problema es que las leyes son hechas por políticos, que pueden ser capturados, como se muestra en el caso presentado acá.

Es precisamente en este punto donde entra en juego la existencia de un periodismo de investigación serio, independiente y con las prerrogativas necesarias para realizar su trabajo sin cortapisas. Como se demuestra en este caso, el periodismo de investigación es una institución que cumple una función social clave, que ayuda a proteger la legitimidad del modelo económico.

Esta institución está permanentemente indagando, buscando, investigado con el objetivo de revelar información oculta sobre las actividades de los políticos y su relación con los negocios. Al hacer esto, genera una amenaza creíble para los políticos de que cada vez será más difícil ocultar sus negociados. Cuando los políticos se saben vigilados de esta manera, entonces podemos esperar que muchos de ellos se autorregulen, antes de ser pillados en una componenda y penalizados política y penalmente.

El sistema seguirá siendo imperfecto, pero el periodismo de investigación ayuda a reducir sus fallas.


 Notas:

[1] CIPER, “Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas”, http://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/ (consultado el 26 de enero de 2016)

[2] La Tercera, “Caso Corpesca: Jaime Orpis es desaforado y Fiscalía podrá pedir formalización”, http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/01/674-664144-9-caso-corpesca-jaime-orpis-es-desaforado-y-fiscalia-podra-pedir-formalizacion.shtml, (consultado el 26 de enero de 2016)

[3] Idem.

[4] http://www.theclinic.cl/2016/01/14/caso-corpesca-corte-de-apelaciones-revisa-alegatos-en-torno-a-solicitud-para-desaforar-a-jaime-orpis/, (consultado el 26 de enero de 2016).

[5] http://www.theclinic.cl/2016/01/19/rn-califica-de-aberracion-institucional-decision-de-la-camara-de-admitir-proyecto-que-busca-anular-ley-de-pesca/ (consultado el 26 de enero de 2016).


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