Venezuela: ¿Cómo destruir una democracia, democráticamente?

Foto: Dusk-photography

La historia criminal de un país es la medida de sus instituciones…

Rugieron los neumáticos justo donde la avenida se le venía encima. Alzó la vista y vio el auto que les cerraba el paso, mientras escuchaba las voces de las bestias calibradas por el brillo de las armas. Quizá el último pensamiento sereno fue la repetición de su mantra: “Nunca aceptes entrar en el auto de los secuestradores; resístete, lucha, desenfunda unas uñas afiladas, dibuja las patadas automáticas, contorsiona tu cuerpo, no te dejes asir.” Y así lo hizo. Fracciones de segundo y un disparo tras otro en una ráfaga. El tiempo se detuvo para él un 27 de julio de 1978. Fue uno de los crímenes más sonados de la Gran Venezuela, el mítico relato del país petrolero de gloria y abundancia, de oportunidades y de la democracia ejemplar de la América hispana. Un crimen que revelaba la verdad detrás de la foto, la miseria detrás del oropel, la alquimia de una fortuna que nunca había sido.

El asesinato de Ramón Carmona Vásquez, abogado penalista, en una avenida de Caracas, fue un destello de sangre que alumbró la inmundicia. Por el asesinato de Carmona fueron juzgados, en los años ochenta, varios miembros de un escuadrón de élite de la policía de investigaciones judiciales de Venezuela. Pero lo que resultó más revelador, en los alrededores de este caso, fueron los pormenores sobre las oscuras relaciones entre negocios y política.

Un prominente cliente de Carmona había estado muy cerca de una importante operación inmobiliaria, en la que se había transferido una fortuna desde el Estado venezolano hacia inversionistas privados. El Estado venezolano era propietario de un terreno ubicado en Playa Moreno (Isla de Margarita), cuyo valor inmobiliario fue anticipado por un conjunto de inversionistas privados. Entonces, y gracias a la mediación de funcionarios públicos clave, el Estado vendió un total de 1,2 millones de metros cuadrados de terreno a unos intermediarios, a un precio aproximado de tres centavos de dólar por metro cuadrado (m2). Inmediatamente, estos intermediarios vendieron el terreno a los desarrolladores inmobiliarios a un precio de 7,2 dólares por m2 (240 veces el precio recibido por el Estado venezolano). Esta operación implicó que los intermediarios invirtieron alrededor de 36.000 dólares, caminaron a la habitación de al lado y vendieron la propiedad en 8.640.000 dólares (el valor de mercado del terreno).

El negocio oculto, sin embargo, era el de los funcionarios gubernamentales que aprobaron esta transferencia de riqueza probablemente a cambio de una comisión, correspondiente a una fracción de la ganancia súbita e inmediata que creaba su poder para transferir riqueza desde el Estado hacia los privados. La ausencia de reglas e instituciones que gobiernen con transparencia la relación entre el Estado y los privados, entre política y negocios, ha sido la principal fuente de una distribución arbitraria, en las sombras, de las oportunidades económicas de una sociedad.

Cuando el país tenía mucho dinero, como consecuencia de altos precios del petróleo, los efectos redistributivos de estas instituciones pasaban desapercibidos. Subsidios generalizados, y un tipo de cambio sobrevaluado que abarataba artificialmente las importaciones, servían como distractores de las operaciones de distribución arbitraria de la riqueza que estaban realizándose. Pero cuando los precios del petróleo caen, y los secretos han sido revelados por una prensa relativamente libre, entonces las mayorías no privilegiadas se sienten estafadas por el sistema político y económico.

Estas instituciones mafiosas fueron las que “parieron” al populismo chavista, que se erigió en el canal para vengar a los marginados, a los desheredados, a los que sistemáticamente habían quedado fuera de las habitaciones donde se transaban los millones, los favores y las grandes oportunidades.

En medio de aquella debacle, aunque no lo sabíamos y no lo valorábamos, había dos cosas que traían cierta disciplina al sistema: elecciones periódicas inamovibles y una prensa relativamente libre. Las elecciones, regulares y competitivas, amenazaban con la sustitución democrática de los diseñadores de las instituciones mafiosas. Una prensa relativamente libre garantizaba que, tarde o temprano, los secretos de los negociados turbios saldrían a la luz pública.

La suma de estos dos factores fue lo que permitió que los venezolanos eligieran a Hugo Chávez, “el salvador”, en diciembre de 1998. Era tal el resentimiento, era tal la sensación de haber sido timados una y otra vez, con desvergüenza y petulancia, que un importante sector de las élites económicas e intelectuales y una contundente mayoría de los perdedores habituales decidieron entregar todos los poderes al Mesías.

El hastío con la “oligarquía” de las instituciones mafiosas que se habían creado en democracia, sumado a una concepción política dogmática, hegemónica y voluntarista, sentaron las bases para destruir, democráticamente, a la democracia venezolana. Pero la historia no terminó allí. Resulta que el nuevo régimen, el gobierno de “los salvadores”, el proyecto que pretendía reinvindicar a los olvidados de la tierra, cambió ciertas instituciones políticas (lo que le permitiría mantener un dominio hegemónico del poder), pero mantuvo las mismas instituciones mafiosas del régimen anterior (las que permitirían distribuir arbitrariamente la riqueza desde el Estado hacia una minoría de “conectados”).

El problema hoy es que siguen existiendo las mismas instituciones mafiosas que concentran privilegios y oportunidades, que crean riquezas súbitas y fortunas divorciadas del esfuerzo y la innovación, pero ahora no hay ni elecciones periódicas, regulares e inamovibles, ni una prensa relativamente libre que arroje luz sobre los desaguisados.

Por citar apenas el caso más reciente, dentro de una larga lista, el mundo ha conocido esta semana sobre la presunta relación entre el Vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, y Samark López, un empresario venezolano poseedor de una inmensa y novedosa fortuna. López, según indica el portal de Univisión, sería propietario de al menos 3 aeronaves, 13 empresas y cuentas bancarias con varios millones de dólares, en los EEUU. Su fortuna provendría de su condición de proveedor privilegiado  en las operaciones industriales del Estado Venezolano.

Venezuela hoy es entonces un caso de estudio, tan interesante como desgarrador, de cómo se puede destruir una democracia, democráticamente. Sin equilibrio de poderes, sin instituciones fiscalizadoras con relativa autonomía, y sin elecciones competitivas y regulares, no se visualizan maneras de sacar del poder a la nueva oligarquía.

Lo que sí sabemos, aunque solo sirva como prevención en el resto del mundo democrático, es que las élites que jugaron a la antipolítica, los jugadores políticos que no supieron limitar las instituciones mafiosas a tiempo, los opositores que cedieron voluntariamente espacios democráticos (absteniéndose de participar en elecciones clave), los que no hicimos más de lo que creímos posible y los electores que entregaron todos los poderes y supermayorías al chavismo, todos ellos, o todos nosotros, somos responsables de la debacle y la miseria y la tristeza que simboliza la Venezuela del año 2017.


 

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