Venezuela en crisis: Consecuencias de la inhabilitación de Capriles

Foto: Eloy Briceño Photography

En este breve ensayo quiero analizar algunas de las consecuencias estratégicas del más reciente movimiento autoritario del gobierno venezolano. El viernes 07 de abril de 2017, se conoció que Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda y uno de los principales líderes de la oposición venezolana, ha sido inhabilitado políticamente por decisión de la Contraloría General de la República. Esta decisión implica que Capriles no podrá ejercer cargos de elección popular durante un período de 15 años, como consecuencia de una decisión administrativa.

Tanto expertos constitucionalistas venezolanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han cuestionado el uso político de esta figura administrativa, por parte del gobierno venezolano, para sacar del juego a políticos opositores. El principal argumento yace en la idea de que la inhabilitación política para cargos de elección popular solo debería ser consecuencia de la sentencia firme de un tribunal, como una manera de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.

Más allá de la discusión sobre la legalidad y el apego a la justicia de esta medida, me interesa discutir acá algunas implicaciones estratégicas de esta inhabilitación, en el marco del juego político entre el gobierno venezolano y las fuerzas políticas opositoras a este.

El contexto

La medida dictada contra Henrique Capriles ocurre justo en un momento de aguda tensión política en Venezuela, situación que ha sido alimentada por un conjunto de acciones autoritarias llevadas adelante por el gobierno nacional. Desde el año 2008, el gobierno venezolano ha ejecutado medidas tanto para limitar la competencia electoral, como para cercenar los efectos políticos reales de resultados electorales adversos, todo esto como parte de lo que he denominado la deriva dictatorial del chavismo.

Los costos sociales de esta conducta se han incrementado de manera significativa en los últimos tiempos, como resultado del anclaje en las aguas de un diseño institucional que favorece el surgimiento de mafias orientadas a capturar rentas, y de un proceso de acelerada pauperización económica. Uno de los objetivos de las reglas del juego democrático es abrir oportunidades para la evaluación popular periódica de los programas de gobierno, de sus resultados y de la capacidad de sus autores para ofrecer propuestas y ejecuciones alineadas con las cambiantes preferencias y necesidades de las mayorías. Son precisamente estas oportunidades democráticas las que el chavismo se ha propuesto cercenar, limitando la competitividad electoral por medio de medidas como la comentada inhabilitación de Henrique Capriles, uno de los dirigentes opositores mejor posicionado en las encuestas y representante de uno de los principales partidos opositores: Primero Justicia.

Las consecuencias estratégicas de la última inhabilitación

El análisis estratégico, fundado en la teoría de juegos, supone que diversos jugadores interactúan unos con otros, cada uno de ellos tratando de alcanzar sus objetivos políticos. En esta dirección, se dibujan dos juegos clave. El primero es el juego al interior de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, el cual ocurre entre las distintas facciones que la conforman, las cuales buscan imponer el conjunto de políticas de su preferencia (lo que llamamos un “sesgo determinado”, en el programa político opositor) y, sobre todo, buscan encabezar el proceso electoral que tarde o temprano debería ocurrir. El segundo juego relevante es el que ocurre entre la oposición y el gobierno, en el cual la oposición persigue la definición de una salida electoral relativamente inmediata, mientras el gobierno busca postergar lo más posible un escenario electoral y mantener el dominio hegemónico de los poderes públicos.

Frente a la ocurrencia simultánea de estos dos juegos, suponemos que la jugada realizada por el gobierno de inhabilitar políticamente al gobernador Henrique Capriles, tiene unos efectos particulares sobre cada uno de los juegos mencionados. Son estos efectos lo que hemos llamado las “consecuencias estratégicas de la inhabilitación”.

El Juego al interior de la oposición:

La hipótesis más repetida sobre este juego apunta a que la inhabilitación de Capriles buscaría afectar la elegibilidad de algunos candidatos opositores y favorecer a otros (menos competitivos o con menos apoyo dentro del universo opositor), con el objetivo ulterior de dividir a la unidad opositora, en tanto los inhabilitados serían obligados a perseguir un cambio de régimen previo a cualquier evento electoral (y así recuperar su habilitación), mientras los precandidatos “sobrevivientes”, y las facciones que los apoyan, tendrían incentivos a participar en unas eventuales elecciones organizadas bajo las reglas impuestas por el actual gobierno.

Esta hipótesis tiene sentido en tanto supongamos que la facción representada por Capriles y su partido (Primero Justicia) tendría como estrategia dominante jugar a la búsqueda de una salida radical previa a unas probables elecciones presidenciales, como lo habría hecho la facción de Leopoldo López con el evento de 2014 conocido como “la Salida”, que buscó infructuosamente un atajo insurreccional. El segundo supuesto de esta hipótesis es que la facción de Capriles no podría levantar otro precandidato competitivo propio, antes de la ocurrencia de este probable evento electoral, para enfrentarlo en unas eventuales primarias opositoras.

El juego gobierno-oposición: 

La primera hipótesis de este juego implica que los candidatos “sobrevivientes” serían, al mismo tiempo, menos competitivos frente al candidato del gobierno en unas eventuales elecciones presidenciales, y que con ellos podría lograrse una negociación más favorable, en un escenario de transición política. De nuevo, esta hipótesis supone que las facciones de los inhabilitados no tendrían ni el tiempo ni los liderazgos necesarios como para levantar una precandidatura competitiva diferente a la de los inhabilitados.

Una hipótesis colateral a la anterior es que, frente a la inhabilitación, la facción de Capriles tendría incentivos para presionar por el retraso de un posible evento electoral, como una manera de ganar tiempo para mejorar la competitividad de un líder alternativo propio. Bajo este escenario, el gobierno podría alcanzar su objetivo de retrasar lo máximo posible un evento electoral presidencial, en espera de un aumento de precios del petróleo que le otorgue los fondos para mejorar su propia competitividad.

Consideraciones finales

Finalmente, es necesario considerar lo que suelen llamarse “resultados no intencionados”, esto es, resultados del juego que no fueron previstos en, o buscados por, las jugadas realizadas por el gobierno. La inhabilitación de Capriles, ocurrida apenas unos días después de las polémicas sentencias del TSJ que usurpaban la función legislativa de la Asamblea Nacional, podría generar un moméntum o ímpetu tal en la dinámica de rescate de la institucionalidad democrática, que creara una suerte de compromiso insurreccional que contribuyera, a su vez, a resquebrajar de manera definitiva a la coalición gobernante. Esto podría permitir alcanzar un macro acuerdo para la transición (entre la oposición, facciones independientes y ciertas facciones del chavismo), que implique la adopción o rescate de unas garantías democráticas mínimas para un macro evento electoral que, a su vez, podrían incluir un restablecimiento de las habilitaciones políticas ilegítimamente expropiadas. Aunque el gobierno aún tiene mecanismos para castigar la división, hoy día su unidad interna pareciera ser mucho más frágil que en circunstancias anteriores.

En el año 355 antes de Cristo, Alejandro Magno se disponía a invadir Fenicia y se percató de que los soldados enemigos triplicaban en número a sus tropas. Al ver a sus hombres atemorizados, sin esperanza y carentes de fe en la victoria, Alejandro comprendió que caerían derrotados si no lograba que sus soldados dejaran de asumir aquel fracaso de antemano. Fue entonces cuando, al desembarcar, ordenó quemar sus barcos (sus naves). Dice la leyenda, que entonces Alejandro Magno dió el siguiente discurso: “Contemplad cómo arden los barcos. Es la única razón por la que debemos vencer, ya que de no hacerlo jamás regresaremos a nuestros hogares y ninguno de nosotros volverá a reunirse con su familia ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, pues el mar es nuestro único camino de vuelta. Cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible: en los barcos de nuestros enemigos”.

Esta medida de “quemar las naves”, que sería éxitosamente repetida por Hernán Cortés, cuando invadió México en el año de 1519, es lo que en teoría de juegos se conoce como un compromiso. Una vía para ganar credibilidad y cohesionar al ejército propio, cortando las vías de escape. Cuando se hace esto, el único camino es vencer, como dijo Alejandro en su discurso.

La jugada del TSJ de la última semana de marzo de 2017, y la inhabilitación de Henrique Capriles el 07 de abril de este mismo año, podrían ser los eventos que han quemado las naves de la oposición y de las facciones democráticas del chavismo. Factores como la capacidad de la dirigencia opositora para controlar la violencia, su apertura a negociar con las facciones disidentes del chavismo (y su capacidad para realizar promesas creíbles frente a estas) y con los propios acreedores internacionales del gobierno (e.g., Rusia y China), y la agudización de la escasez y la inflación, todos estos son elementos que pueden hacer plausible a este último y aparentemente poco probable escenario.


 

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