Visión política de la empresa 4: Detonantes morales de los desafíos políticos

Foto: laura betancourt

¿Qué factores morales disparan a los desafíos políticos que enfrentan las empresas?

Esta es la cuarta entrega sobre la Visión Política de la Empresa.


Si deseas ver los posts anteriores puedes hacer clic en los siguientes links:

  1. Una visión política de la empresa
  2. Visión política de la empresa 2: Desafíos políticos y estrategia de mercado
  3. Visión política de la empresa 3: Detonantes económicos de los desafíos políticos

En esta entrega explicaré cuáles son los elementos morales sobre los cuales se sustentan las percepciones de desviación del ideal social. Aunque son escasamente considerados y comprendidos por los estrategas de las firmas, los argumentos morales que presentaremos acá son una de las principales fuentes de ataques y cuestionamientos políticos a las empresas.

Sobre la base de estos argumentos, muchas veces activistas, ONGs, grupos ciudadanos y políticos consideran que la actividad de las empresas en los mercados se desvía del ideal social, y por ello debe obligárseles a cambiar su conducta.

Detonantes morales

Los estudios sobre este tipo de argumentos coinciden en cuatro grupos o tipos de consideraciones morales sobre las cuales se objeta la actividad de las empresas:

  • Justicia procedimental
  • Bienes socialmente importantes
  • Intercambios moralmente objetables
  • Justicia distributiva

En esta entrega, me concentraré en los dos primeros. Mi experiencia en la evaluación de casos específicos, de ataques políticos contra las empresas, me indica que estos dos son los detonadores más importantes, desde el punto de vista de las empresas, y son también los menos comprendidos por los estrategas de las firmas. Los dos últimos suelen ser atendidos por políticas gubernamentales, regulaciones e impuestos.

Bienes socialmente importantes

Algunos bienes o servicios son considerados como socialmente importantes, debido a las características que les son atribuidas. En la mayoría de estos casos, desde el punto de vista de un sector de la población, el libre mercado no ofrece estos bienes o servicios en las cantidades o calidades socialmente deseadas (u óptimas).

Entramos así en un terreno aún más controversial que el de las fallas de mercado comúnmente aceptadas. En el caso de las externalidades o la competencia insuficiente, existe cierto consenso sobre la necesidad de la acción institucional para incrementar la eficiencia de los mercados. Por ello muy pocos objetan la existencia de agencias que protejan la competencia o de instituciones de supervisión ambiental.

Sin embargo, en el caso de los bienes social o moralmente deseables, la acción institucional es requerida no por razones de eficiencia sino por motivos de deseabilidad moral o social. Algunos ejemplos pueden ilustrar este punto.

La Ley de Fomento de la Música Chilena

En enero de 2015, se estaban dando los pasos finales para la aprobación por parte del Congreso de Chile de la Ley de Fomento de la Música Chilena, la cual establecería que las radioemisoras chilenas deben transmitir un mínimo de 20% de música nacional.

Uno de los defensores de este proyecto, el Senador Fulvio Rossi, comentó a propósito de su aprobación en una de las instancias legislativas, lo siguiente:

“Es un día muy importante para la proyección de lo que somos como nación, para poder rescatar nuestra identidad, nuestras raíces, lo que nos hace distintos como pueblo especialmente en un mundo globalizado y la música es parte de eso. Para la cultura, para la historia y para nuestra identidad como pueblo es fundamental haber aprobado esta ley” .

Por su parte, la Asociación de Radiodifusores de Chile – ARCHI, señalaba que:

“La música chilena hay que fomentarla y difundirla. No imponerla.”

Entre los argumentos de este gremio, se señalaba que la mencionada Ley afectaría la libertad de programación, reduciría la libertad de elegir de las audiencias, atentaría contra la diversidad programática de las radios y discriminaría a la radio, afectando su competitividad .

Pese a la resistencia de las radiodifusoras, la aprobación de este proyecto de ley avanzó con un grado significativo de apoyo político transversal, por parte de las diferentes tendencias políticas representadas en el parlamento chileno.

La Ley de Compra de Productos Estadounidenses (Buy American Act)

Un caso similar es el de la legislación que en los Estados Unidos promueve la compra de productos fabricados nacionalmente. En ese país existe, desde 1933, la Ley de Compra de Productos Estadounidenses (Buy American Act), la cual requiere que el gobierno estadounidense prefiera, en sus compras, productos hechos en ese país.

Como señala John R. Luckey, asesor legal del Congreso estadounidense:

“Esencialmente, la Ley Compre-Americano trata de proteger a los trabajadores domésticos obligando a una preferencia por los bienes estadounidenses en las compras gubernamentales directas”.

Pese a algunas enmiendas recientes, introducidas para adecuar esta legislación a los acuerdos de libre comercio, se ha conservado el espíritu inicial de la Ley “siempre que sea consistente con el interés público, el costo de los bienes sea razonable y vayan a usarse dentro de los Estados Unidos”.

Aunque hay una diferencia sustantiva entre los dos casos esbozados, la legislación que fomenta la música chilena obliga a las empresas privadas a ofrecer determinada mezcla de productos mientras la comentada legislación estadounidense obliga al gobierno a comprar determinada mezcla de bienes, ambos ejemplos coinciden en mostrar cómo la creencia en que hay algunos bienes que son socialmente importantes, y en que el mercado los proveería en cantidades o calidades inadecuadas, puede detonar intervenciones políticas con costos y beneficios para diferentes actores económicos.

Justicia procedimental (procedural fairness)

En el enfoque comúnmente usado en el análisis económico de los arreglos privados, y en la evaluación de los resultados de las políticas públicas, ha privado históricamente el foco en los resultados.

Un arreglo económico o una política pública son tradicionalmente evaluados comparando los resultados observados con la situación previa.

Si la utilidad en la situación ex post es superior a la utilidad observada ex ante, entonces el cambio es aceptado.

Desde el punto de vista individual, una acción o cambio son aceptados si como resultado de estos la persona está mejor en la nueva situación en comparación con la situación inicial.

Desde el punto de vista social, un criterio comúnmente usado para establecer la eficiencia (y por tanto la deseabilidad económica) de una modificación del status quo es el Criterio de Pareto: si en una modificación de la situación inicial al menos una persona mejora sin que ni siquiera una persona empeore, entonces se dice que esta modificación es eficiente, y por lo tanto socialmente deseable.

Sin embargo, en muchos casos las elecciones individuales y sociales no pueden ser explicadas usando estos criterios. De aquí que una serie de investigadores se han dedicado a estudiar este tipo de casos, postulando teorías y contrastando a estas con datos estadísticos y experimentales, planteándose preguntas como estas:

  • ¿Por qué la gente a menudo está insatisfecha con determinadas decisiones, sobre las cuales no han sido debidamente consultadas durante el proceso de decisión, aunque están de acuerdo con estas decisiones?
  • ¿Por qué los individuos involucrados en procesos judiciales están más dispuestos a una determinada decisión cuando perciben que el proceso fue justo?
  • ¿Cómo puede explicarse que a los trabajadores a menudo les preocupan no sólo las metas organizacionales, sino también la manera cómo estas metas son determinadas?

Los investigadores Bruno Frey, Matthias Benz y Alois Stutzer del Instituto de Investigación Empírica en Economía de la Universidad de Zurich, quienes se formularon estas preguntas, sugieren que una respuesta común es que la gente valora no solo los resultados (el qué), sino también las condiciones y procedimientos que condujeron a tales resultados (el cómo).

En otra investigación, los profesores Bruno Frey, de la Universidad de Zurich, y Felix Oberholzer-Gee, de la Escuela de Negocios de Harvard, analizan las razones por las cuales los ciudadanos se oponen a la ubicación de depósitos de desechos nucleares cerca de sus comunidades.

Para ello, estos académicos formularon un modelo basado en datos de encuestas, mediante el cual muestran que la disposición de los individuos a aceptar estos depósitos en sus cercanías depende del impacto económico esperado y de sus estimaciones de riesgo. Sin embargo, también muestran que el poder predictivo de su modelo mejora sustancialmente al enfocarse no solo en las consecuencias (como sugiere el enfoque económico convencional) sino también en aspectos procedimentales.

En particular, los profesores Frey y Oberholzer-Gee muestran que la existencia de reglas de ubicación aceptables contribuye positivamente a la disposición de los residentes locales a aceptar estos repositorios de material peligroso en las cercanías de sus comunidades. Para ilustrar el análisis llevado adelante por estos autores veamos el caso de la decisión de Suiza en la década de los noventa.

¿Dónde ubicar un vertedero de desechos nucleares?

En Suiza operaban varias plantas de energía nuclear, las cuales producían desechos nucleares que debían ser depositados en vertederos debidamente acondicionados para esto.

Los análisis realizados por los especialistas en estos procedimientos mostraban que la mejor opción era construir unos depósitos subterráneos acondicionados, a una profundidad de entre 400 y 1.000 metros. Sin embargo, debido a que este es un país densamente poblado, cualquier ubicación elegida estaría cerca de algún poblado y, por lo tanto, la elección de una ubicación determinada estaba sujeta a un proceso de aprobación por parte de los ciudadanos afectados.

Ahora consideremos la siguiente regla de decisión: la ubicación de lugar del repositorio es decidida usando un mecanismo de subasta “a sobre cerrado” entre las comunidades en que potencialmente se ubicaría. Se asume que una comunidad estaría dispuesta a aceptar ser anfitriona del repositorio si esta es compensada por todos los impactos negativos y además le queda algún beneficio.

En el proceso de subasta, la comunidad que demande la menor compensación deberá albergar el repositorio y la compensación será financiada por las demás comunidades participantes de la subasta. Supongamos que una comunidad pobre, habiendo demandado la menor compensación, es finalmente elegida para albergar el depósito de desechos.

Como señalan Bruno Frey y Felix Oberholzer-Gee, este resultado es eficiente desde el punto de vista económico y por lo tanto deseable.

Dadas las dotaciones de cada comunidad, situar el repositorio en la más pobre haría, presumiblemente, que todos los actores estén mejor: la comunidad receptora es compensada por el riesgo y obtiene además un beneficio; las demás comunidades se ahorran el costo de recibir los desechos nucleares y la empresa de generación eléctrica paga la menor compensación exigida.

Según el enfoque económico convencional, este resultado es eficiente y no importa por qué la comunidad seleccionada es pobre o tienen fondos limitados.

Sin embargo, los autores muestran, con base en los datos recogidos,  que las personas no compartían esta visión.

“Explotar una distribución inequitativa de la riqueza es visto como inaceptable” . “Proponemos”, señalan los autores, “que no tomar en cuenta la legitimidad de las dotaciones iniciales limita seriamente el poder predictivo de los modelos económicos” .

Ante esto, Frey y Oberholzer-Gee señalan que un procedimiento más justo podría ser lanzar una moneda para decidir al azar dónde ubicar el repositorio, con lo cual elementos como la riqueza relativa de cada comunidad no influiría en el resultado.

Frey y Oberholzer-Gee realizaron 900 entrevistas en profundidad, diseñando una muestra representativa de la población suiza, a partir de las cuales contrastaron un modelo para explicar la disposición a recibir el repositorio de desechos nucleares.

Las variables explicativas incluían la percepción de riesgo, el impacto económico, la actitud frente a la energía nuclear, la importancia asignada al ambiente, el valor de las propiedades, la facilidad de movilidad entre ciudades, la aceptación del procedimiento y otras variables como ingreso, edad, educación, género, y orientación política.

A partir de este modelo encontraron que la aceptación de las reglas para elegir la ubicación del repositorio incrementaba significativamente la probabilidad de aceptar que el repositorio fuese ubicado en las adyacencias a los hogares propios.

Luego evaluaron la aceptabilidad de diferentes reglas de ubicación, y encontraron que las consideraciones de justicia de las reglas fueron los determinantes más importantes de su aceptabilidad.

Una regla de ubicación aceptable era principalmente, según los datos de las encuestas, una regla justa que tomara en cuenta los intereses de la comunidad receptora y garantizara su seguridad.

En particular, estos autores identificaron cuatro razones para resistirse a aceptar una regla de ubicación basada solo en transferencias de dinero:

  • Las transferencias de dinero directas y muy visibles son asociadas con la noción de soborno, lo cual tiende a fortalecer la oposición local;
  • Una compensación monetaria explícita puede ser tomada como una señal del riesgo implícito en un repositorio y tiende a disparar los pagos exigidos a niveles no razonables;
  • Aceptar un pago monetario es visto como la aceptación del status quo (por ejemplo, la producción de energía nuclear), a lo cual los ciudadanos se opondrían si lo consideran injusto; y
  • La disposición de una comunidad a aceptar un repositorio porque los ciudadanos sienten que es un deber social, es socavada por las compensaciones monetarias.

Finalmente, Frey y Oberholzer-Gee apuntan que sus hallazgos no contradicen el uso de compensaciones monetarias, sino que muestran que el dinero por sí solo no es el truco para lograr la aceptación de las comunidades, y que incluso un enfoque puramente monetario puede tener efectos contraproducentes.

La mitigación de los riesgos y las compensaciones son importantes, pero estas deben ser acompañadas por reglas de selección de alternativas que resulten aceptables desde el punto de vista moral.

Esta vertiente de estudios sobre justicia procedimental ha germinado de manera global en los últimos años, representando un área de confluencia entre la sicología y la economía .

Todas estas investigaciones, y sus hallazgos, son clave para una completa comprensión de cuáles son los factores que detonan las cuestiones ajenas al mercado.

Como señalan Felix Oberholzer-Gee y Dennis Yao, en sus notas sobre las estrategias más allá del mercado:

“Las estrategias cuyos procesos e intenciones lucen bien frente al escrutinio externo podrían ser más robustas frente a ataques provenientes del entorno político”.

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