Venezuela 2017: Un caso de Política Forense

Foto: Alejandro Arango

Las ciencias forenses se orientan a determinar las circunstancias que rodean a la ocurrencia de una muerte. La palabra forense proviene de la raíz latina Foro y, en particular, se refiere al espacio público donde deliberaba el senado romano y se resolvían las diatribas de interés legal. Usaré entonces el término “política forense” como la aplicación del análisis político a la determinación de las circunstancias que rodearon un desenlace político determinado, que para algunos de los que acuden al foro resulta doloroso, criminal o simplemente infeliz.

Los resultados de las elecciones regionales venezolanas del 15 de octubre de 2017 están siendo llorados como un deceso, como un crimen y, en el mejor de los casos, como un desafortunado accidente. Lo que presentaré a continuación es la síntesis o referencia sucinta del informe de política forense que hemos entregado a un actor clave, cuya identificación está vedada por un acuerdo legal de confidencialidad.

Los hechos preliminares

En 2016 ya el país caminaba por la ladera descendente de una profunda crisis económica y social, cuyos peores efectos se verían en el 2017. La oposición había ganado las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 y el gobierno había bloqueado judicialmente la efectividad de las decisiones del nuevo parlamento de mayoría opositora. Ante este choque de trenes, la búsqueda de una salida política y electoral era una prioridad para el bloque opositor.

Tanto en la dirigencia, como en el público opositor, existía la certeza de que las posibilidades de superar la crisis humanitaria que se avecinaba pasaba necesariamente por un cambio de gobierno. El problema, como siempre, era ¿cómo se logra esto? En general, existen dos opciones: (a) Mediante el uso de la política y los acuerdos; y (b) Mediante el uso de la fuerza o la violencia. La primera opción implica, a su vez dos posibilidades: (i) el uso de los mecanismos electorales contemplados en la Constitución, y (ii) el alcance de un acuerdo político con un sector del oficialismo para una salida tipo “adelanto de las elecciones presidenciales”. El uso de la fuerza tendría tres opciones: la un movimiento militar interno, un movimiento militar externo o un proceso insurreccional de grandes proporciones.

En el 2016, el gobierno venezolano anuló la posibilidad de realización de un referéndum revocatorio y decidió postergar las elecciones de gobernadores, inicialmente programadas para diciembre de 2016. Así, llegamos al 2017 con una agudización del enfrentamiento entre el gobierno y una oposición refugiada en las trincheras de una Asamblea Nacional dominada con una mayoría calificada (2/3) que había sido esterilizada por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de desconocer la elección de los tres diputados (del estado Amazonas) que marcaban la diferencia.

Estrategia vs. decisiones políticas emocionales

La arremetida del Tribunal Supremo de Justicia de finales de marzo de 2017, contra la Asamblea Nacional fue la detonante de la serie de jugadas que ha conducido a la derrota electoral del 15 de octubre de 2017. Lo que pretende mostrar el análisis forense de estas jugadas es que este resultado se debe a la mezcla entre una serie de decisiones opositoras marcadas por la antipolítica (o decisiones emocionales que sobrestimaron su fuerza real), por una parte, y una serie de jugadas estratégicas por parte del oficialismo, que estuvieron dirigidas a exacerbar las debilidades opositoras, por la otra.

  • En Abril de 2017 la oposición decide jugar una estrategia de lucha de calle como respuesta a la arremetida del TSJ contra la Asamblea Nacional.
  • Esta estrategia de calle implicaba dos decisiones clave: (a) Decidir cuál era el objetivo central, y (b) decidir cuál era la estrategia de resistencia adecuada.
  • Para simplificar, podemos resumir la elección del objetivo en dos opciones: (i) Orientar la lucha de calle hacia el rescate de las opciones electorales establecidas en el cronograma, con la demanda de garantía externa de condiciones electorales justas; y (ii) Orientar la lucha de calle hacia la demanda de la salida inmediata de Maduro, liberación de todos los presos políticos y cronograma electoral. Elegir el primer camino, implicaba aceptar que Maduro terminara su mandato (o sea reconocerlo) y negociar la realización de elecciones retrasadas (regionales) con énfasis en las condiciones de estas. Elegir el segundo camino implicaba el desafío total, bajo la idea de que esperar hasta diciembre de 2018 por las elecciones presidenciales era inaceptable.
  • Al elegir el camino de la petición de salida de Maduro como condición, la oposición colocaba el conflicto en términos de aniquilación inmediata del contrario para la supervivencia propia, sin contar con la fuerza necesaria para avanzar en este objetivo. Para esto, la oposición solo se apalancaba en su capacidad para movilizaciones diarias o regulares  de calle y en la presión internacional. La lucha entonces se colocaba en términos insurreccionales con posibilidades de negociación para el rendimiento contrario. Esto sin duda cerraba la disposición del gobierno a negociar, dado su control total del aparato militar y el apoyo político y financiero de Cuba, Rusia y China.
  • La segunda elección clave era sobre el tipo de lucha de calle: (i) elegir una campaña de resistencia civil pacífica con cero violencia opositora, o (ii) elegir una confrontación con niveles de violencia moderada, del tipo de enfrentamientos callejeros, piedras, molotov y cierre de vías. Como sabemos la oposición eligió o no pudo impedir que la lucha de calle derivara en lucha de violencia moderada. La confrontación de calle basada en la violencia moderada tiene asociada una alta velocidad  de desgaste, facilita la represión y desestimula el crecimiento de la participación ciudadana en la protesta, como se observó al final cuando la calle se desinfla.

La respuesta gubernamental

Ante la elección de la salida de Maduro como objetivo o petición central de la lucha de calle opositora, el gobierno responde haciendo una demostración de fuerza: convoca a una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia. Pero las jugadas más interesantes son las que se orientan a desinflar la calle y frustrar a los activistas opositores:

  • El gobierno estimula la violencia moderada con niveles de represión sistemática. El gobierno trata así de estimular la elección de violencia moderada frente a la resistencia civil pacífica, ya que la violencia moderada desgasta más rápido a la movilización de calle.
  • El segundo componente clave de la represión gubernamental es enviar la señal de que los principales dolientes de la movilización violenta de calle serán los soldados (estudiantes y jóvenes), quienes son enfrentados con violencia física, juicios militares expeditos y reclusión en prisiones como El Dorado, La Pica o la Penitenciaría General de Venezuela.
  • Por ejemplo, mientras los jóvenes sufren los elevados costos personales de la represión, un dirigente como Leopoldo López es trasladado a la comodidad de su casa, en una costosa urbanización de Caracas, como consecuencia de una negociación en la que interviene Zapatero. Todo esto contribuye a la frustración de muchos jóvenes de cara a sostener protestas regulares con violencia moderada, en las cuales ellos sufren costos mucho más elevados que sus dirigentes.

Las elecciones regionales del 15 de octubre

Así llegamos a la convocatoria a las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017. El gobierno está consciente de su debilidad electoral, pero cuenta con la exacerbación de la división opositora, las posibilidades de estimular la abstención y un aliado político clave: Donald Trump.

Las sanciones celebradas por vastos sectores de la oposición (principalmente los más antipolíticos), permiten rescatar el compromiso de lucha del voto duro chavista, y esto se expresará en una leve recuperación de Maduro en las encuestas y en una lubricación de la maquinaria de movilización electoral. Las sanciones, aunque puedan ser costosas para ciertos individuos, son un baluarte para el bloque gubernamental, ya que permiten establecer una responsabilidad simbólica externa en la crisis socio-política que vive el país. Esto es algo que nunca entendieron los sectores intelectuales que, de manera irresponsable e ingenua, han recurrentemente buscado la intervención extranjera como vehículo para resolver la crisis nacional.

La oposición asiste entonces a las elecciones del 15 de octubre atacada por varios flancos. Desde el lado gubernamental se usan una serie de mecanismos irregulares para desestimular la participación: se publicitan el diálogo y las negociaciones para acentuar las divisiones internas, se impiden las sustituciones de los candidatos derrotados en las primarias opositoras y se relocalizan una serie de centros de votación.

Del lado opositor, la frustración con la ausencia de resultados de los grandes sacrificios personales de las movilizaciones de calle con violencia moderada, dadas las expectativas sobre una inminente salida de Maduro creadas por muchos dirigentes, se traduce en el fortalecimiento de los abstencionistas.

Finalmente, la mezcla de la abstención, las tácticas irregulares del Consejo Nacional Electoral, y el fraude localizado como parece mostrar la experiencia del estado Bolívar, permitieron al gobierno alzarse con el triunfo en 18 gobernaciones, en un escenario de crisis humanitaria. De esto solo surgen una mayor frustración y una depresión generalizada del público opositor.

La principal conclusión de este análisis forense es que las decisiones de la dirigencia opositora, que sobrestimaron sus fuerzas y se orientaron a la consecución de un cambio inmediato (la estrategia de “Maduro vete ya”), no han hecho sino cercenar la disposición a la movilización y resistencia civil pacífica y masiva, que podrían haber lubricado el camino hacia la conquista de espacios políticos por parte de la oposición.


 

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